El exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE José María Cataluña se ha acogido a su derecho a no resolver en el 'caso Azud', en el que se investigan presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública del Concejo de la caudal valenciana por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias.
Cataluña ha acudido a las 9.30 horas al Tribunal de Instrucción número 13 de València, donde estaba citado para resolver, en calidad de investigado, por este procedimiento.
El exresponsable de Finanzas se ha acogido a su derecho a no resolver en el tribunal puesto que parte de la causa se encuentra todavía bajo secreto de sumario. A su salida del tribunal ha indicado a los medios de comunicación: "Claro que estoy tranquilo, hombre. ¡Eso faltaba!".
Cataluña se ha acogido a su derecho a no resolver en el tribunal alegando que parte de la causa se encuentra bajo secreto de sumario
Tras Cataluña, está previsto que esta trayecto declaren otras seis personas más, entre ellas, una responsable de servicio del Concejo de València y la mujer de Rafael Rubio, exsubdelegado del Gobierno del PSPV en Valencia.
En el caso Azud, del que la jueza del Tribunal de Instrucción número 13 de València acordó el pasado mes de abril el sedición de parte del secreto de sumario, se investigan los delitos tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, jalbegue de capitales, asociación ilícita y ordenamiento criminal. En el caso figuran como investigadas más de medio centenar de personas físicas encima de empresas.
Entre los investigados se encuentran el exvicealcalde de València con el PP y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau; el cuñado de la ex primera concejal y abogado, José María Corbín, y su grupo; el exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio; el que fuera cabecilla de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Ribera; la exalcaldesa de Xixona Rosa María Verdú y un exedil, empresarios como Jaime Febrer y el propio Cataluña.
Precisamente la información requisada al exdirigente socialista Cataluña -suspendido de militancia tras su imputación- llevó el pasado mes de octubre a los investigadores a realizar nuevos registros en Madrid y la Comunitat Valenciana -en relación con una cuchitril secreta de Azud- en rastreo de documentación relacionada con presuntas comisiones en adjudicaciones de un tramo del trasvase del Júcar-Vinalopó, licitado por Aguas del Júcar, dependiente del ocupación cuando era dirigido por Cristina Narbona.
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