El Tribunal Constitucional se puso en el ojo del huracán en plena refriega política y eso le acarreará consecuencias. Así por lo menos creen los magistrados progresistas que votaron en contra de frenar la tramitación parlamentaria de una resarcimiento propuesta por PSOE y Unidas Podemos para enmendar el sistema de disyuntiva de los magistrados de este mismo víscera.
El tribunal ha legado a conocer hoy el coche con los argumentos por los que la mayoría del víscera, seis magistrados de sensibilidad conservadora, optaron por paralizar una tramitación parlamentaria, tal y como había solicitado el PP para evitar la aprobación de una resarcimiento que cambiar el sistema de disyuntiva de los magistrados del TC y destruir con el corte en el que estaba inmerso el Consejo Genérico del Poder Contencioso (CGPJ).
El coche justifica la necesidad y excepcionalidad que se dio en este asunto para paralizar la tramitación y advierte que estaba en pasatiempo la "integridad del procedimiento legal". La razón era que se iba a utilizar un procedimiento contario a la Constitución para modificar una ley que afectaba al propio TC.
Cinco de los merienda magistrados se opusieron fervientemente a esta medida. En su voto particular, los magistrados Cándido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez, acusan a la mayoría del tribunal de "alterar los principios fundamentales de nuestra democracia parlamentaria, así como el diseño de nuestro sistema de control de constitucionalidad", por estimar las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP. De hecho, consideran que con esta valentía se arrojó sobre el tribunal una "carga política difícilmente soportable".
En el voto particular insiste que la deliberación y resolución de este asunto ha generado una división en dos bloques de los miembros del pleno del tribunal, "lo que traslada a la opinión pública una imagen de mimetismo o seguidismo del enfrentamiento parlamentario y del conflicto político partidista".
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