La cuenta antes sigue inexorable. La neutralidad es ciega. Igualmente ha sido sorda en el caso de María Salmerón, condenada a nueve meses de mazmorra por la denuncia de un maltratador. La sentenciador ha desoído el clamor para evitar la doble victimización de esta mujer, como sostiene una campaña en Change.org con casi 100.000 firmas para tratar de evitar in extremis su ingreso en prisión. La propia ministra Irene Montero la ha defendido.
La titular de Igualdad hizo ayer un encendido elogio de María Salmerón, a la que calificó de “superiora protectora”. Otra ministra, la de Honradez, Pilar Llop, reconoció hace unos días que no había “ganancia” para conceder una nueva medida de garbo y que el indulto se tenía que repeler “por imperativo justo”. Ni siquiera la recaudación popular para cobrar los 3.000 euros de la responsabilidad civil evitará que acabe entre rejas.
La concentración de apoyo frente a los juzgados 
Tal como estaba previsto, la mujer acudió ayer a los juzgados de Sevilla con la vana esperanza de que se produjera un asombro, pero la sentenciador le comunicó que todas las vías se han exhausto ya y le dio 15 días de plazo para que ingrese en prisión “de forma voluntaria”. Sus abogados intentarán nuevas medidas desesperadas para retrasar la ejecución de la sentencia, pero incluso ellos admiten que hay pocas posibilidades de éxito.
“Si me meten en la mazmorra, castigarán de nuevo a mi hija. Ya le han arruinado su infancia. Le arruinaron además su adolescencia. Y ahora quieren arruinarle su futuro”, ha ostensible María Salmerón, que teme las repercusiones laborales que tendría para ella y para su hija Míriam la privación de espontaneidad. La mozo, que aún no ha cumplido 22 primaveras, estudia Periodismo y ahora perfecciona su inglés en Irlanda.
Miriam y su superiora 
“Principio protectora”. El calificativo utilizado por la ministra de Igualdad coincide con el de Change.org. Esta mujer denunció y se divorció de su marido poco luego de dar a luz. La neutralidad condenó al hombre a 21 meses de mazmorra por malos tratos continuados, pero no ingresó en prisión porque no tenía informes y no ha reincidido. La reincidencia explica que ella sí entre en prisión, a pesar de tener una condena beocio.
Hasta ahora, los abogados de María Salmerón habían rematado sustituir sus condenas por multas o trabajos en beneficio de la comunidad. Con la última condena, sin requisa, no han podido hacerlo. Los jueces han apreciado que se tráfico de una conducta reiterada, aunque los hechos juzgados ocurrieron hace más de seis primaveras y no se han trillado. Por ello, y de acuerdo con el profesión fiscal, han cerrado la vía al indulto.
Ayer, tras acoger la mensaje de la sentenciador 
María Salmerón trabaja como auxiliar de dispensario en una residencia de Dos Hermanas (Sevilla), donde vive. La prisión de mujeres más cercana a su casa es la de Alcalá de Guadaíra. La ayuda de varias personas le permitió reunir los 3.000 euros que la misma condena de nueve meses por desobediencia le fijaba en concepto de responsabilidad civil para su maltratador.
“Si el problema consistía en depositar esa cantidad, ya está depositada”, dice el mesa que la representa. Entre la profuso documentación que engrosa las diligencias hay varios informes psicológicos sobre Míriam, la hija de la pareja, que se ha mostrado firme en el rechazo a las visitas de su padre. Su superiora la llevó a veces obligada al punto de interviú, hasta que desistió y apoyó a su hija, que no quería verle más.
“Soy yo la que debería entrar en la mazmorra porque fui yo la que se negó a verle”, dice Míriam, la hija de María Salmerón. Su superiora fue una de las primeras divorciadas que obtuvo una orden de alejamiento de su marido. Pero la orden no le servía de nadie porque el hombre seguía teniendo derecho a ver a su hija en un punto de interviú. Esto no podría ocurrir con las leyes hoy en vigor, que inhabilitan a los maltratadores para las visitas. Un automóvil legal del 2015 declaró “el cese inmediato de la intervención del punto de interviú (...), atendiendo a la perduración de la beocio, con importante proceso y división de virilidad”. En aquella ocasión, cuando Míriam era una adolescente de 15 primaveras, rogó a la sentenciador que no la obligase “más a ir al punto de interviú”. Las visitas anteriores y a las que no acudió por valor propia han motivado la condena de nueve meses. Su superiora dice: “La finalidad de la mazmorra es la reinserción. ¿De qué me he de reinsertar yo”."No quiero verle más"
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