Las protestas de algunas comunidades autónomas, universidades y agrupaciones de estudiantes sobre la disparidad de niveles en los exámenes de selectividad en función de las distintas comunidades autónomas ha llevado al Gobierno castellano a trabajar sobre una fórmula que garantice cierta “homogeneidad”. Ya se está ultimando un esbozo que se presentará al Gobierno en julio para poder aprobarse en octubre. Se aplicará sobre las pruebas de selectividad de junio del 2024, cuando los estudiantes ya hayan estudiado los dos cursos según el nuevo currículum de la Lomloe.
La nota que obtienen los alumnos en las pruebas de acercamiento a la universidad, independientemente del división en la que la realicen, sirve para entrar en cualquiera de las 48 universidades públicas españolas y en muchas privadas.
Alegría exploración “homogenizar” con “respeto a gobiernos autonómicos y a las universidades”
La nota de admisión se obtiene de la suma de la nota de bachillerato (60%) y de la selectividad (EBAU o PAU), que vale el 40% restante. En los últimos primaveras, en la lucha por obtener una plaza en un campus de excelencia, hay estudiantes que se matriculan de las PAU en una comunidad autónoma con pruebas más sencillas que la propia de modo que tratan de comprobar una nota adhesión. Esto afecta a las carreras más demandadas, como medicina, y que cuentan con plazas limitadas. En todo caso, existen críticas de universidades determinadas y de gobiernos autonómicos, además del Partido Popular, pues consideran que no se garantiza un acercamiento equitativo.
Hasta el momento ha prevalecido el argumento contrario, en el sentido de que todas las pruebas responden a un pequeño global, que contesta a las conocimiento mínimas que determina el Gobierno, y a lo que cada autonomía propone en la parte propia del currículum. Adicionalmente, se esgrime la existencia de una desigualdad de partida en los expedientes escolares, que es la parte de la nota de admisión anciano. Así, se considera que no puede garantizarse una equidad numérica exacta pues dos colegios no evaluarían con las mismas décimas a un mismo colegial, pues la evaluación de su formación cuenta con componentes subjetivos.
Con la nueva ley Celaá, el Gobierno ha reformado los currículos, además los de bachillerato, que se implementarán a partir de septiembre en primer curso. Una parte están desarrollados por la dependencia central (el 50% en el caso de Catalunya) y esa es la parte que la ministra Pilar Alegría quiere “homogenizar”, de modo que así considera que respetaría la autonomía de los centros universitarios (las pruebas son para ordenar el acercamiento a los campus) y de gobiernos autonómicos.
La ministra ha incapaz en alguna ocasión que su propuesta sea “unificar” la selectividad, es sostener, una única prueba en España, como quiere el PP. De hecho, no sería viable porque los currículos no son idénticos en todos los territorios. Pero sí puede incidir en la parte global de las conocimiento que está en todas las materias. Cerca de rememorar que las nuevas PAU serán menos memorísticas y más competenciales. Hay alguna autonomía, como Catalunya, que ya presenta pruebas competenciales.
El ministro de Universidades, Joan Subirats, además se ha mostrado oportuno a ciertos criterios parecidos. “La selectividad no puede ser excesivamente centralizada ni excesivamente atomizada”, indicó recientemente.
Fuentes del servicio confirman que se está ultimando la primera propuesta de esbozo, tratando de aunar consensos con universidades y autonomías, y que quieren soportar al Consejo de Ministros en julio. No desvelaron, sin confiscación, si el servicio presentaría unas preguntas para toda España o intervendría en las PAU de otro modo. En todo caso se adivina la protesta de Catalunya y País Vasco por invasión de competencias. Hasta ahora, las PAU han estado organizadas en Catalunya por el Consell Interuniversitari (CIC), dependiente de la Conselleria de Recerca i Universitats y cuya secretaria genérico es Cristina Gelpí. El CIC está formado por todas las universidades catalanas, públicas y privadas, así como por los departamentos de Educació y Universitats. La Lomloe amplía la competencia de la dependencia de la educación preuniversitaria en la estructura de las PAU.
El esbozo, tras su aprobación por parte del Gobierno, se presentará a la conferencia sectorial donde están las consejerías educativas autonómicas. Tras el periodo de exposición pública, debe aprobarse por el Consejo del Estado y la Conferencia de Rectores (Crue). Según este calendario, podría estar aceptado definitivamente en octubre.
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