Los miembros independentistas de la Mesa del Parlament, con Laura Borràs a la comienzo, han regalado este jueves un paso más para que el voto delegado del exconseller Lluís Puig se pueda contabilizar, a pesar de que el Tribunal Constitucional dictara una sentencia que anula la delegación de voto del ahora diputado de Junts toda vez que su caso, residir en Bélgica, no forma parte de los supuestos que recoge el reglamento de la Cámara.
En una reunión extraordinaria del víscera rector de la institución los cinco diputados de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP que participan han rubricado el acuerdo con el que tratan de asegurar la efectividad del voto del exconseller de Civilización, aunque luego pueda ser impugnado. Con el pacto asumen las consecuencias y responsabilidades de que el voto, que se ha contado de forma vocal en el pleno estos dos días, figure a posteriori en las publicaciones oficiales y en las actas que se elaboren.
El acuerdo de la Mesa, contra el que han votado los dos miembros socialistas del víscera rector, apunta que "con tal de evitar las posibles consecuencias jurídicas y responsabilidades para la empresa parlamentaria en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el arbitrio de amparo 2063/2021 sobre la delegación de voto de Lluís Puig, la Mesa acuerda que asume la responsabilidad a todos los posesiones del contenido del memoria de las sesiones plenarias y que asume la responsabilidad a todos los posesiones de la publicación de los acuerdos adoptados en la sesiones plenarias".Mesa del Parlament
El pacto ya se había anunciado este miércoles, pero ha habido momentos en la caminata de hoy en que parecía peligrar, ya que algunos dirigentes independentistas son conscientes de que es posible que el acto de esta indeterminación, que puede portear consecuencias penales, podría ser en vano a medio y derrochador plazo, e incluso a corto plazo.
Es significativo que poco a posteriori de la reunión, solo en la CUP y Junts se ha celebrado el paso que se ha regalado. Los tres miembros de la Mesa de esas formaciones han compartido su exaltación en las redes, mientras que los dos de ERC han evitado pronunciarse. Fuentes presentes en la reunión destacaron que las formaciones independentistas tuvieron "sus más y sus menos" durante el debate.
La CUP advierte a Borràs que no aceptarán que “los hechos no concuerdan con las declaraciones”
Encima, a mediodía la CUP había remitido, como medida de presión, una misiva a sus militantes en la que revelaba que en un primer momento “la propuesta de proceder de Junts no iba más allá de una confesión política meramente simbólica” que topaba con las limitaciones del funcionamiento de la Cámara. “En ese proscenio, la CUP no podía seguir avalando el relato de una confrontación con el Estado simbólica y ficticia mientras la acto consistía, en ingenuidad, en responsabilizarse la imposición del TC”, denunciaban los anticapitalistas, que advertían a la vez que no avalarán “en ningún caso que los hechos no concuerdan con las declaraciones y mensajes, como ya pasó en el caso de Pau Juvillà, en el que la presidenta del Parlament mientras decía públicamente que defendería su escaño e iría hasta el final, no solo no cumplía sino que acabó responsabilizando a los funcionarios de no favor ejecutado los actos que ella misma se había comprometido públicamente a realizar”.
Sin retención, desde el entorno de Borràs se afirmaba a primera hora que estaba dispuesta a ir hasta el final con este asunto, a posteriori de que el martes los republicanos y los anticapitalistas le acusaran de lo contrario, y la propia Borràs ha incapaz lo que explicaba la CUP en declaraciones a la Agència Catalana de Notícies, a quien ha asegurado que el compromiso original era ganar hasta el final del camino.
Lo cierto es que en la reunión del martes los servicios jurídicos de la Cámara advirtieron que contabilizar el voto de Puig de forma efectiva puede tener consecuencias judiciales. El Código Penal estipula en el artículo 402 que “el que ilegítimamente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario manifiesto atribuyéndose carácter oficial, será castigado con la pena de prisión de uno a tres abriles”.
Aun así, ese día se acordó en la reunión de la Mesa, que se prolongó durante toda la mañana y parte de la tarde, que se contabilizaría el voto delegado a todos los posesiones jurídicos y políticos, pero solo se concretó entonces que se haría de forma verbal en el pleno y que no aparecería en los mecanismos electrónicos y las pantallas para no implicar a funcionarios. Fue el miércoles cuando se decidió que se iría más allá y que incluso figuraría el voto en las actas y publicaciones oficiales, lo que le da validez jurídica. Y este punto no estaba protegido en un primer momento.
A pesar de que se ha rubricado el acuerdo, había quién cuestionaba la efectividad de la medida y aseguraba que en el futuro el voto de Puig no se podrá asegurar y que no tenía ningún sentido responsabilizarse consecuencias penales. Ese debate ha estado presente estos días, pero finalmente se ha decidido emprender un camino similar al de otoño del 2017. Un detención cargo del Govern apuntaba, no obstante, que ahora parece que estamos en presencia de "una película de serie B".
De todos modos, la sentencia del TC que se conoció hace unas semanas y se notificó este martes anula una delegación de voto que ya no está en vigor, porque se había hecho en marzo del año pasado en la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, que ya no es diputada. La delegación vigentes es de octubre. Asimismo, no hay ningún funcionario de la institución ni ningún miembro de la Mesa apercibido por el detención tribunal gachupin, a diferencia de lo que había ocurrido en la plazo pasada tras algunas sentencias referentes a resoluciones parlamentarias. Son dos aspectos que políticos con formación jurídica consultados creen que se podrían ganar a tener en cuenta, aunque los descartan como un buen argumento de defensa en caso de que acaben en el banquillo de los acusados el día de mañana.
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