La causa procesal que amenaza el futuro político de Laura Borràs se originó por casualidad. En concreto, por el error de una funcionaria de Correos que colocó un sobre en el compartimiento que no tocaba. Así consta en el sumario procesal– de nueve tomos– al que ha tenido entrada La Vanguardia .
Fue en noviembre del 2017, cuando una mujer acudió a una oficina de Correos en Castellbell i el Vilar a cosechar la correspondencia de su apartado de correos cuando se topó con un sobre procedente de Holanda que no esperaba. En su interior había vigésimo billetes de 50 euros. En el mesa le confirmaron sus sospechas: el parné era falsificado. Su primera reacción fue la de deshacerse de aquel papel impreso. Rompió tres billetes pero luego recapacitó y acudió a una comisaría de los Mossos. Los investigadores interrogaron a la funcionaria de Correos que admitió el error. El sobre que contenía el parné apócrifo debía haberse colocado en el compartimiento que quedaba puntual al banda, uno que dos veces al mes solía admitir correspondencia procedente de Utrecht. El apartado de correos estaba a nombre de Isaías Herrero, informático, que resultó ser amigo de Laura Borràs y que se encargaba de hacer varias tareas de mantenimiento de la web de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que entonces presidía la flagrante líder de Junts. En aquellos tiempos Herrero adquiría billetes falsificados y buscaba la forma de endosárselos a pequeños comercios. Encima, los Mossos interceptaron otro remisión, una carcasa de un CD en cuyo interior se escondían 100 pastillas de diseño. El amigo de Borràs había convertido su vivienda de Vacarisses en un punto de distribución de moneda falsa, tráfico de drogas de diseño y cultivo de hierba. Por aquella causa fue condenado a 5 primaveras de gayola. En paralelo, realizaba tareas para la ILC e impartía con la flagrante presidenta del Parlament varios posgrados y másteres de humanidades en la era digital de la Universitat de Barcelona.
Una funcionaria colocó un sobre dirigido a un amigo de la presidenta del Parlament en el compartimiento que no tocaba
Con las sospechas del tráfico de drogas y de moneda falsa, los Mossos intervinieron el teléfono de Herrero y en la primera conversación lo sorprendieron hablando con un amigo de los “trapis” que hacía con Borràs para facturar sus trabajos en la ILC. Aquello puso en alerta a los investigadores que tiraron del hilo y hallaron correos electrónicos que supuestamente ponían al descubierto que entre 2013 y 2017 Borràs y Herrero se concertaron para fraccionar los contratos y no pasar nunca el umbralado de los 18.000 euros para eludir la convocatoria de un concurso sabido. Aquello originó otra causa que ha navegado durante cinco primaveras por distintos tribunales: un supremo de instrucción de Barcelona, el Supremo y ahora el TSJC, que ha concluido que la balance de los 18 contratos menores adjudicados a Herrero comportó “un perjuicio a los caudales públicos puesto que las facturas se hacían con criterios arbitrarios”.
La causa está a la retraso de que la Fiscalía presente su escrito de delación contra la presidenta del Parlament por los delitos de malversación, prevaricación, fraude y falsedad, paso previo a que se anconada causa hablado. Será entonces cuando la Mesa del Parlament deberá arriesgarse si aplica el artículo 24.5 del reglamento que obliga a retirar los derechos a un diputado cuando se le sienta en el banquillo por corrupción.
Publicar un comentario