La Comisión Europea presentó ayer a los países miembros de la Unión Europea un plan de contingencia para evitar la crisis energética que propone que los estados recorten un 15% el consumo de gas de modo voluntario del 1 de agosto al 31 de marzo próximo, un retazo que, si deja de entrar el gas ruso, será obligatorio previa consulta con los países comunitarios y se convertiría en “alerta europea”.
La propuesta de Bruselas afectará a las administraciones públicas, los hogares y los propietarios de edificios públicos, así como a los proveedores de energía y a la industria. En caso de emergencia y estado de alerta, se asegura el funcionamiento de las industrias esenciales y de servicios como hospitales y escuelas. Los hogares son considerados “objetivos protegidos” y deberían ser los últimos en sufrir las consecuencias. Encima, ayer de finales de septiembre los Veintisiete deberán refrescar sus planes de emergencia, incluyendo medidas que hagan posible ese retazo del 15% de gas.
España rechaza el plan de la Comisión Europea, al igual que otros países europeos
La CE insta a sustituir el gas por otros combustibles para así disponer de más reservas de cara al invierno. Bruselas, en definitiva, reclama a los europeos que limiten el corriente acondicionado y la calefacción, y a las industrias, que utilicen combustibles alternativos al gas. El plan de la CE pide a los estados que prioricen las energías renovables, pero, en un examen de pragmatismo, admite que “temporalmente” puede ser necesario seguir usando carbón, petróleo y energía nuclear, como ya están haciendo diversos países.
Una decena de países ya están sufriendo cortes o flujos menores de gas ruso y la CE da casi por hecho un próximo vallado total del canilla. Por ello, tanto Bruselas como los estados europeos han corrido a comprobar suministros alternativos, aunque serán insuficientes para proveer la energía necesaria a los hogares e industrias en los meses fríos, y la que han conseguido acumular la han pagado a un precio tan stop que repercutirá en una maduro inflación.
La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, acusó ayer a Rusia de usar la energía como armas y de chantajear a Europa con ella. Admitió que pedir un 15% de reducción del consumo “es pedir mucho”, pero insistió en que la UE solo podrá hacer frente a Putin si evita la fragmentación y actúa unida. El plan de Bruselas va a suponer una prueba de fuego sobre el nivel de solidaridad entre los Veintisiete.
El sector industrial privado de muchos países, entre ellos el gachupin, se opone a este plan, pues cree que tendrá mercadería económicos “desastrosos”. El Gobierno gachupin anunció ayer, por boca de la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, su rechazo categórico al plan y afirmó que España ha hecho sus deberes y no restringirá el gas “a ningún tipo de consumidor”, ni doméstico ni industrial, aunque será solidario con Europa.
Todavía se resisten diversos países europeos que creen que sus planes de contingencia no deben ser supervisados por Bruselas. Polonia, por ejemplo, afirma tener almacenada ya el 98% de su capacidad y se opone a racionamientos obligatorios o a tener que solucionar energía a otros países que han sido menos diligentes. Y es muy probable que, si la reducción voluntaria pasara a obligatoria, ese 15% previsto no sea aceptado linealmente por los estados sino que se calcule en función del consumo medio de cada heredad franquista en el final quinquenio.
La regulación y el plan de reducción del consumo serán ahora estudiados por los estados y debatidos en el Consejo de Ministros de Energía. Ahí se verá el categoría de aprobación, compromiso y solidaridad de cada socio. Los países que dependen poco o ausencia del gas ruso se sienten poco concernidos por este plan, y los que ya han pequeño su uso y buscado fuentes alternativas creen que sus esfuerzos deben ser valorados.
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