Desde el año 2010, los funcionarios del Estado reciben una ayuda anual de hasta 450 euros para la importación de productos alimenticios sin gluten, un apoyo financiero que se niega al resto de ciudadanos celiacos pese a la larga reivindicación que mantienen los colectivos que los representan. En Catalunya, en concreto, sí ha habido avances en el agradecimiento de ayudas pero se han quedado en el ámbito del Parlament y no han llegado a ejecutarse.
El pago anual en la cesta de la importación de una persona celíaca es 845 euros superior al de una persona sin la patología. A ello habría que sumar la posibilidad de que en una comunidad haya más de un celíaco, poco sobrado probable oportuno a que la prevalencia de la enfermedad es cerca de de un 30% más ingreso en los familiares directos del paciente.
No sorprende que desde las asociaciones que dan voz a los afectados por la celiaquía clamen por un trato igual al de los funcionarios. No se alcahuetería de quitar ayudas a nadie sino equipararlas a toda la ciudadanía que las necesita para evitar injustificados agravios comparativos.
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