Tanto fue el cántaro a la fuente, que al final se rompió. La reforma de la ley de Política Filología que pactaron a finales de marzo ERC, Junts, PSC y En Comú Podem estaba en la mecanismo de vigilancia intensiva desde que nació, pero entró en coma ayer, cuando Junts anunció que se descolgaba. La formación explicó, tras varias semanas de negociaciones discretas y un runrún constante, que no participaría en esa reforma al considerar que carece del consenso que exigen el sector educativo y las entidades que promueven el catalán, y que la fórmula auténtico es ya insuficiente, a su parecer, para resguardar la inmersión filología en las escuelas tras el zaguero pronunciamiento jurídico.
El asunto, esencial en la política catalana, y troncal para las filas independentistas y el Govern de la Generalitat, ha arruinado por añadir más tensión al saco de discrepancias entre los dos socios del Ejecutante catalán, esta vez sin privación del concurso de la CUP, que desde el principio irrumpió en el debate con una propuesta propia. Si Junts acusó ayer de “deslealtad” a los demás miembros del pacto auténtico, del que la formación se desmarcó solo unas horas posteriormente, los republicanos consideraban que la posición de su socio era “partidista”.
Con el consenso hecho cachos, todos señalan como responsable a Junts a la par que lanzan la pelota al tejado de ERC. Los republicanos quieren un pacto con su socio y transitarán por esa vía hasta agotar el plazo, que calculan que expira al final de mes, a la luz del zaguero automóvil del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que insta al cumplimiento de su sentencia sobre el 25% de castellano en 15 días hábiles.
ERC se sacude la presión asegurando que no descarta sacar delante la reforma con el PSC y En Comú Podem, sin JxCat, tal y como reclaman socialistas y comunes. Y cargan las tintas contra los posconvergentes por su espantada.
El portavoz y vicepresidente de Junts, Josep Rius, justificó el paso detrás lamentando que las tres condiciones que habían puesto para que prosperara el acuerdo no fueron aceptadas. Se reducían a prolongar el catalán como habla vehicular sin dudas interpretativas, jurídicas o lingüísticas; proteger a los docentes y a la dirección de los centros validando los proyectos educativos y lingüísticos desde el Govern, y prolongar las aulas de acogida.
En Junts lamentan que aquellas condiciones anunciadas semanas detrás en el Parlament no fueran atendidas pese a que aún se sucedían los contactos y el intercambio de propuestas. Esa desatención y la interlocutoria del TSJC de esta semana precipitaron el anuncio de ayer de JxCat renunciando a participar de la reforma.
La fórmula de Junts es elevar una propuesta propia al Govern que, según fuentes parlamentarias, pasaría por aprobar un decreto para reparar la ley de Educación de Catalunya (LEC), poco en lo que el Govern ya trabaja. Pero ERC cree que solo con esa reforma no será suficiente para custodiar el catalán de los porcentajes que han fijado las “injerencias judiciales”. Los socialistas recuerdan que la ley de Política Filología es el paraguas normativo que ampara la LEC, por consiguiente, el apósito más efectivo para taponar la herida abierta por los tribunales.
El PSC denuncia el “tacticismo” de Junts y pide “miradas largas” y soluciones a los problemas
Rius señaló que la osadía fue adoptada por el secretariado permanente del partido –en el que están Laura Borràs y Jordi Turull– por “unanimidad”. Y en previsión de las críticas que llovieron poco posteriormente, el portavoz rechazó “lecciones de ningún partido, y menos del PSC”, tras recapacitar que los socialistas “podrían ocurrir hecho muchas cosas en Madrid” en defensa del catalán.
Poco posteriormente la portavoz de ERC, Marta Vilalta, criticó la “irresponsabilidad” de su socio y desdeñó la “resignación” de Junts, que, a seso de los republicanos, actúa por intereses de partido. “No hacer cero, no tener una respuesta o una alternativa, no es una opción”, recriminó Vilalta, y se empleó con dureza contra los socios de Govern al “constatar que imponen los intereses de partido a los de país, el tacticismo, y dejan la habla a merced de los tribunales”, subrayó.
La tensión entre ERC y Junts era evidente ayer en el Parlament, pero ambas formaciones salvaban las preguntas sobre si la estabilidad del Govern se veía afectada por este choque. “Nosotros no desestabilizaremos”, zanjó Vilalta, porque “este es el mejor Govern para este momento”.
Al otro banda se situaron el PSC y los comunes, criticando a Junts y presionando a ERC para que se avenga a aprobar la reforma de la ley sin Junts. El PSC denunció la “yerro de seriedad” y el “tacticismo” de la formación de Carles Puigdemont, pero delante el aventura de que a ERC le tiemblen las piernas por la posición de Junts y la CUP, reclamó “cúspide de miras” y no dejarse remolcar.
La portavoz socialista Alícia Romero no cerró la puerta a incorporar modificaciones a la reforma, pero insistió en la inefectividad de la fórmula de Junts si esta se reduce a aprobar un decreto ley sobre la LEC. “Los decretos ley no pueden regular derechos, por eso la mejor posibilidad que encontramos era la reforma de la ley de Política Filología”, alegó.
Los comunes fueron más explícitos al pedir a ERC que valide la reforma sin Junts en un pleno extraordinario. Jéssica Albiach se refirió al anuncio de JxCat como “la crónica de una abandono anunciada” y lamentó que la formación“ni tiene palabra, ni presenta alternativas”. Emplazó a ERC a no sucumbir: “Que Junts no tenga palabra no significa que no la tenga ERC”, y añadió que “es cuestión de poner el país por delante del partido”.
Ayer de que Junts se bajara del carro, el conseller de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, se mostraba dispuesto a hacer “lo que hiciera yerro para proteger las direcciones de los centros” educativos delante la orden del TSJC. En declaraciones a TV3 priorizaba “evitar que los tribunales se dirijan a los centros educativos”, por lo que admitía como “muy probable” despachar una instrucción a los centros informando sobre cómo aplicar el automóvil del TSJC, aunque no entró en detalles.
En Comú Podem reto por aprobar ya el cambio normativo en un pleno extraordinario
El conseller prepara un solicitud delante la orden jurídico que, sin confiscación, podría no paralizar el plazo de 15 días para su ejecución, pero apelaba a la “imprescindible” reforma de la ley de política filología “para salir delante y afianzar el maniquí de escuela catalana”.
Publicar un comentario