Andalucía es la tercera comunidad española peor tratada por el contemporáneo sistema de financiación autonómica que caducó en 2014, conexo con la Comunidad Valenciana y Murcia, con un índice sobre población ajustada de 95,6 sobre cien frente a los 116,9 de la mejor financiada (Cantabria), y, adicionalmente, es una de las que más ha retrocedido -3,8 puntos- desde el sistema de 2002 al actual desde 2009. Son datos del mensaje La crecimiento de la financiación de las comunidades autónomas de régimen popular, publicado por la Fundación de Estudios de Riqueza Aplicada (FEDEA).
Esta es la verdad de una autonomía, como sucede en la Comunidad Valenciana, que sigue nutriéndose del Fondo de Solvencia Autonómica, FLA, para poder cubrir el coste de sus servicios sociales, de su Educación y de su Sanidad. Con el desventaja de que esta infrafinanciación que se cubre con la deuda del FLA está incrementando año tras año la deuda acumulada: casi 38.000 millones de euros. Lo que limita, asimismo, la posibilidad del gobierno autonómico de comparecer a la financiación privada.
La infrafinanciación está incrementando año tras año la deuda acumulada andaluza: casi 38.000 millones de euros
La peligro de la situación financiera de Andalucía, sin incautación, no ha entrado, de momento, en la campaña electoral de las elecciones al 19J, lo que resulta sorprendente. Se pudo ver el pasado lunes en el primer debate electoral entre los candidatos a la presidencia de la Agrupación de Andalucía: ni Juan Manuel Tostado Bonilla ni Juan Espadas hicieron al punto que remisión a esta cuestión que, como contraposición, es eje fundamental de la reivindicación del valenciano Ximo Puig frente al Gobierno Castellano.
Si nos situamos en el pasado nuevo no siempre ha sido así. Por ejemplo, en septiembre de 2021, Bonilla y Ximo Puig mantuvieron una cumbre en Sevilla exclusivamente para platicar de la financiación autonómica. De aquella cita se alcanzó un acuerdo tácito entre ambas autonomías: presionar al Gobierno para que el criterio de población ajustada de respuesta a las deposición de dos regiones pobladas y cuya financiación no se corresponde con el número de habitantes que tienen y con los servicios que se prestan. La sintonía entre entreambos líderes autonómicos parecía total.
Ximo Puig besalamano a Juanma Tostado Bonilla a su aparición al Palacio de San Telmo el pasado mes de septiembre de 2021 
Semanas luego, Alberto Núñez Feijóo, todavía como presidente gallego, convocaba una reunión con los presidentes, Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y Audaz, Cantabria y Extremadura, para defender el contemporáneo cálculo de la población ajustada en pulvínulo al coste de los servicios, la dispersión de la población y el envejecimiento. Era una propuesta alternativa de dirigentes populares y socialistas contra el tándem Bonilla y Ximo Puig. Y era asimismo una modo de presionar al Gobierno gachupin para que no modificara el contemporáneo criterio de población ajustada.
Feijóo ha mantenido un criterio sobre la financiación autonómico radicalmente diferente al necesario por Bonilla y Puig
En esas fechas, Pablo Casado presidía el PP, y seguía defendiendo el maniquí de financiación autonómica impulsado por José María Aznar, que seguía perjudicando a las autonomías más pobladas. Y a finales del pasado año, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y extitular de esta cartera en el ejecutante de Susana Díaz, lanzaba una propuesta de población ajustada que fue rechazada por Andalucía y la Comunidad Valenciana. En esto asimismo coincidían Bonilla y Ximo Puig. Pero la caída de Casado y el encumbramiento de Feijóo a la dirección del PP franquista ha variado completamente la posición de Bonilla.
Todo apunta a que el candidato popular andaluz no desea rajar un debate que, inevitablemente, obligaría a Feijóo a pronunciarse, a posicionarse en un asunto en el que como presidente gallego mantenía una distancia sideral con las posiciones de Bonilla y que ahora, como líder franquista, de los populares debe modular. Es afirmar, no parece que el presidente del PP quiera que este tema entre en campaña y, menos aún, que pueda condicionar su camino en torno a La Moncloa.
El cambio de talante de Bonilla con la financiación ha sido, por ejemplo, un problema para Ximo Puig, pues el presidente valenciano esperaba que la alianza valenciana y andaluza fuera suficiente para presionar al Gobierno con este objetivo. Ahora Ximo Puig está, de facto, solo en esta reivindicación, lo que le está generando no pocos problemas en presencia de la examen a su gobierno en la Comunidad Valenciana.
Juan Espadas sabe que Pedro Sánchez no quiere rajar el melón del nuevo maniquí de la financiación autonómica
El caso de Juan Espadas tiene asimismo su propia recitación. El candidato socialista sabe, como correctamente lo saben los socialistas valencianos, que Pedro Sánchez no quiere rajar el melón del nuevo maniquí de la financiación autonómica. Desde que se hiciera pública la propuesta de Montero, no se ha cedido ningún otro paso en esta dirección, y parece que este tema no se va a afrontar ya en la contemporáneo lapso. Cambiar la financiación exige un acuerdo franquista entre el PP y el PSOE que, en estos momentos, parece increíble.
Más llamativa parece la posición de la ministra de Hacienda. Como consejera de esta materia en el ejecutante andaluz, fue muy reivindicativa en esta materia con Mariano Rajoy en el gobierno. Sus conversaciones con el extitular de Hacienda valenciano, Vicent Soler, giraron durante meses sobre la modo de presionar a los populares. Pero María Jesús Montero parece sobrevenir olvidado esta historia, y su papel es el de apagar cualquier tensión en esta cuestión y dejarla para mejores tiempos, que parece que nunca llegan.
De no sobrevenir cambios en los días que quedan hasta el 19J, la infrafinanciación andaluza no va a formar parte del combate electoral. Solo Por Andalucía y Delante Andalucía destacan este problema en su primer punto de software, pero las dos grandes fuerzas políticas en batalla parecen sobrevenir concertado no herirse con la financiación. El caso de Vox no se puede tener en cuenta, quieren matar con el sistema autonómico.
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