El propietario de una vivienda pierde entre un 30% y un 60% del valía del inmueble si es víctima de una okupación y en superficie de enfrentarse a los gastos y la incertidumbre de un dadivoso proceso procesal decide venderlo, según los datos de la red Alfa Inmobiliaria y el portal Idealista. Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria, monograma en un 30% el descuento medio que debe aplicar un propietario a una vivienda ocupada para intentar venderla, pero este descuento se dispara en zonas donde hay poca demanda de vivienda o muchas casas disponibles, como en las zonas rurales. Así, un estudio realizado por Idealista encontró que los descuentos han llegado a alcanzar el 65% en Asturias; el 53% en Euskadi, el 48% en Castilla y Audaz y el 46% en Cantabria.
La pérdida de valía se deriva del tiempo en que el propietario no percibe ingresos, durante el que a menudo adicionalmente ha de hacerse cargo de los suministros. Según Duque, en el mejor de los casos una vivienda ocupada tarda entre tres y seis meses en ser recuperada por su propietario. Sin retención, el Gobierno suspendió los desahucios durante la pandemia y ahora ha extendido la moratoria hasta final de año, de forma que para miles de viviendas ese plazo sobrepasa los tres primaveras, recuerda Montserrat Junyent, responsable de información jurídica del consejo común de Colegios de Agentes Inmobiliarios de España (Coapi).
Los pisos de herencias son los que más se ocupan, así como los locales vacíos: el 20% lo están en Barcelona
A esto, subraya Duque, hay que añadir el coste en abogados en que debe incurrir el propietario para desalojar a los okupas y las reparaciones de los daños que generalmente causan cuando finalmente van a ser desahuciados.
En presencia de esta situación, un tercio de los propietarios de pisos ocupados opta por entregar el inmueble, un proceso que dura unos diez meses, según Alfa Inmobiliaria, por las reticencias de los posibles compradores frente a una vivienda de la que no es posible tener fotos ni conocer el estado en que estará cuando obtenga finalmente su posesión. La obligación de respaldar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales según el valía de relato catastral, y no el actual del inmueble, obliga a los vendedores a responsabilizarse más descuentos de precio.
Se estima que en España existen actualmente más de 120.000 viviendas ocupadas, un 43% de ellas en Catalunya. Muchas proceden de herencias, señala Duque. “Al estar mucho tiempo vacías estas propiedades se quedan más desprotegidas y son presa hacedero”, reconoce.
Otra presa hacedero de los okupas son los locales comerciales. Según la proptech Brickbro, en Barcelona existen 30.500 locales vacíos y cerca de un 20% de ellos están okupados . El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida recuerda que este fue el caso en la plaza Tetuan, en Barcelona, donde el incendio de un específico ocupado provocó cuatro muertos. “Una ocupación no solo perjudica al propietario del inmueble sino que crea un problema de convivencia e inseguridad para el resto de los residentes del edificio, del alfoz o de la colonia”, señaló Enrique Vendrell, presidente del Colegio, que lamentó que los administradores se ven obligados a administrar diariamente problemáticas graves “sin tener medios legales ni cobertura o audiencia policial para resolverlos”.
El Consejo de API considera que la carta no ayuda a “hacer con diligencia y celeridad” frente a una ocupación, por lo que pide un pacto de Estado para acortar el engendro. Junyent señala que España habría de clarificar la carta para los ocupantes ilegales puedan ser desalojados en uno o dos días, como sucede en otros países. “Ahora la policía solo puede hacer en caso de delito evidente, es aseverar, si están forzando la puerta, pero no una vez están adentro”, lamentó.
Junyent propone que si no hay título que justifique la presencia en el inmueble el desalojo sea inmediato, como medida cautelar, y que en un litigio rápido, a los pocos días el mediador valore si los ocupantes tienen derecho a estar en el inmueble. Incluso propone un endurecimiento de las penas: la usurpación sin violencia de una vivienda vacía es un delito leve que sólo comporta multa, de forma que no es disuasorio para las mafias que falsifican contratos y venden llaves a familias en situación de privación.
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