El PP ha saltado a la guillotinar del Gobierno. Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de analizar en una “deriva autoritaria” con los cambios anunciados en el Código Penal. Vox anuncia moción de censura. Yolanda Díaz marca distancias con la reforma de la malversación. Y algunos barones del PSOE, más allá de las dos voces discrepantes habituales (Castilla-La Mancha y Aragonó), están muy inquietos delante las acusaciones de modificar a la desprecio un delito de corrupción para satisfacer al independentismo. Por no dialogar del brazo legal, cuya cúpula ya lleva tiempo, desde los indultos, escandalizada con el Gobierno. Puesto que todas ellas son reacciones previsibles, ¿por qué se mete Sánchez en este barullo de la malversación?, ¿destino no recuerda que en menos de seis meses hay elecciones municipales y autonómicas y, en un año, generales?, ¿destino el presidente se ha tornado apasionado al peligro político?
Sánchez ya tiene resguardado el voto de ERC a los presupuestos del Estado. Lo consiguió con la exterminio del delito de sedición y la modificación del artículo sobre desórdenes públicos agravados. Los republicanos querían incluso la reforma de la malversación, pero no era ésta ya condición indispensable para dar su apoyo a las cuentas. Incluso antaño el presidente podría haberlas prorrogado si hubiera llegado a la conclusión de que eliminar la sedición pondría en peligro su reelección como presidente, a pesar de su empeño en demostrar la solidez de su estancia con la aprobación de tres presupuestos consecutivos. Pero Sánchez llegó a la conclusión de que los indultos a los líderes del procés fueron correctamente digeridos por la sociedad española, gracias al sosiego político que se ha instalado en Catalunya. De ahí su convencimiento de que eliminar la sedición no provocará ningún trasiego de votantes socialistas cerca de otras opciones. En opinión de la Moncloa, todos los electores de Ciudadanos susceptibles de ser captados ya han asumido la política de “desinflamación” en Catalunya.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, el pasado martes.
La reforma de la malversación, sin confiscación, se adentra en un contorno más pantanoso. Estamos hablando de un delito que la población identifica con la corrupción de los políticos. Cualquier modificación a la carta se interpreta como un traje a medida, no solo para los independentistas, sino incluso para la clase política en normal. Incluso formaciones como Unidas Podemos que en su día estuvieron de acuerdo e incluso promovieron los indultos o los cambios sobre la sedición, ahora ven con sospecha esta intervención. Pero el presidente ha llegado a la conclusión de que, de no hacerlo, las consecuencias pueden ser peor. Es aseverar, los indultos y la sedición no habrían servido de gran cosa para el objetivo principal de consolidar la normalización política en Catalunya.
El objetivo es evitar pasos a espaldas en la normalización política en Catalunya y el retorno al discurso de los lazos amarillos
Durante todo el mandato ha primado el discurso de las contrapartidas. Es aseverar, Sánchez accedía a tomar esas medidas a cambio del apoyo de ERC a la gobernabilidad. Poco totalmente cierto. Sin esos pasos, es muy posible que los republicanos se hubieran desentendido del Gobierno progresista, incluso poniendo en peligro su viabilidad o favoreciendo la venida de un Ejecutante de derechas. Al menos le habrían hecho la vida mucho más difícil a Sánchez. Pero llegados a estas jefatura de la vigencia española, la motivación principal es evitar que se den pasos a espaldas en la “desinflamación”, ya que la tranquilidad política en Catalunya, en contraposición a la convulsión vivida durante la etapa del PP de Mariano Rajoy, se ha convertido en un argumento electoral más de Sánchez.
Y sin un cambio en la malversación era muy posible que varios dirigentes independentistas, ex cargos de la suministro catalana durante 2017, fueran condenados a penas de prisión. El retorno a la imagen de políticos entrando en la mazmorra, los lazos amarillos y el discurso insistente de la “represión” es poco que Sánchez quiere evitar por completo, puesto que es un relato que, a su vez, alimenta el voto de Junts, del PP y de Vox. Igualmente para el PSC sería un retroceso, ahora que Salvador Illa considera que su partido está en condiciones de competir por la alcaldía de Barcelona y por la presidencia de la Generalitat.
En el fondo, Sánchez prórroga que la reforma de la malversación no provoque enseres secundarios indeseados, como ha ocurrido con la ley de albedrío sexual, conocida como “ley del solo sí es sí”. Los socialistas creen que incluso los enseres de la aplicación de esta última han sido más perjudiciales de lo que puede ocurrir con lo relativo al procés. Todo dependerá de cómo se apliquen las modificaciones sobre la malversación. Si solo se aplica a los dirigentes independentistas, Sánchez prórroga que la tormenta se desvanezca en poco tiempo. Incluso aunque no sirviera para el objetivo que se persigue, él podría argüir en Catalunya que ha intentado todo lo posible. Pero si uno solo de los políticos condenados por corrupción se beneficiara de esa reforma, Sánchez lamentará haberse metido en este barullo.
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